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Colombia
Totalmente identificados los directivos de Chiquita Brands International

'Cuando entré en la junta, sabía que la empresa efectuaba pagos a grupos paramilitares en Colombia'. (1)

Fecha publicación: 25/07/2008

Por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de Febrero de 2004, Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta, lo cual significó más de 100 pagos por más de $1.7 millones de dólares. Chiquita Brands empezó a realizar estos pagos después de una reunión en 1997 entre el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño y el director general de Banadex y fueron transferido en parte a través de la Convivir Papagayo (2). Cabe recordar que el Secretario de Estado de EEUU designó a la estructura paramilitar las AUC como una organización terrorista extranjera el 10 de septiembre de 2001, por lo cual se convirtió en un delito bajo el derecho estadounidense concientemente suministrar apoyo y recursos materiales a dicha organización (3). Esta financiación, que convierte a Chiquita Brands en uno de los fundadores de las AUC, impulsó la masiva comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en estas dos regiones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes (4).

Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. El entonces jefe paramilitar Carlos Castaño admitió públicamente que este hecho se consistía en 'su mejor gol' (5). La mayoría de estas armas nunca fueron entregados como parte del proceso de demovilización paramilitar realizado entre 2003 y 2006. El 16 de enero de 2008 la continuación de estos crímenes patrocinados e impulsados por Chiquita Brands quedó al descubierto cuando la policía nacional incautó a la organización paramilitar del 'desmovilizado' Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano mayor del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, 47 fusiles AK-47 que al parecer provenían del mismo barco Otterloo (6).

Además de estar sustentado tanto en los sistemas judiciales de Colombia y Estado Unidos, esta relación entre Chiquita Brands International y la estructura paramilitar en Colombia -y por ende la responsabilidad de esta empresa en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos- ha sido corroborado durante el último año por diferentes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón o Jota, y Ever Veloza García, alias HH (7)

El 17 de septiembre de 2007 Chiquita Brands International se declaró culpable del delito de 'involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados' ante el Juzgado del Distrito de Columbia (EEUU) y fue condenado a pagar 25 millones de dólares al respectivo Departamento de Justicia. Según el memorando de condena del Gobierno, la Corte determinó que los pagos de Chiquita a organizaciones paramilitares fueron 'revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, incluyendo oficiales, directores y empleados de alto rango'. Asimismo, la Corte consideró que a más tardar de septiembre de 2000 los directivos principales de Chiquita fueron informados que 'la empresa efectuaba pagos a las AUC y que las AUC eran una organización paramilitar violenta dirigida por Carlos Castaño'. Además, un abogado de Chiquita realizó una investigación sobre los pagos en agosto de 2000 y elaboró un informe, lo cual dejó en claro que 'la Convivir fue una mera fachada para las AUC y describió las AUC como una 'organización paramilitar ilegal ampliamente conocida''. Por último, este abogado interno 'presentó los resultados de su investigación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva durante una reunión en la sede del acusado Chiquita en Cincinnati (EEUU) en septiembre 2000' (8). A cambio de esta aceptación de responsabilidad, la Corte decidió no proseguir con cargos penales o individualizar las responsabilidades de los directivos implicados, lo cual también abrió las puertas para el avance de los procesos penales en Colombia y la eventual extradición de los responsables.

A raíz de todo eso, desde hace más de un año, diferentes altos funcionarios y políticos de Colombia y Estados Unidos han declarado reiteradamente a favor de la investigación y extradición de los altos funcionarios y directivos de Chiquita Brands (9). Inclusive, la Fiscalía General de la Nación supuestamente se ha adelantado gestiones al respecto. Según el periódico Union-Tribune de San Diego (EEUU) del 20 de marzo de 2007, el Fiscal General de Colombia dijo que exigiría la extradición de 'ocho personas presuntamente involucradas en los pagos de Chiquita' (10). Aunque ninguna persona fue identificada en este momento, el fiscal general Mario Iguaran Arana afirmó que 'deberían ser juzgados en Colombia, no solo por los pagos extorsivos, sino por el transporte y almenacenamiento de 3,000 fusiles' (11). Luego, el 7 de diciembre de 2007, el periódico El Tiempo informó que la Fiscalía General de la Nación dictó una orden para llamar a indagatoria bajo cargos de concierto para delinquir agravado y financiación de grupos armados ilegales a los siguientes directivos de Chiquita: ROBERT FISHER, STEVEN G. WARSHAW, CARL H. LINDNER, DURK I. JAGER, JEFFREY D. BENJAMIN, MORTEN ARNTZEN, RODERICK HILLS, CYRUS F. FREIDHEIM, y ROBERT OLSON (12).

No obstante, en abril de 2008 el fiscal general Mario Iguaran Arana alegó que aún no se podía adelantar el proceso de extradición por la falta de 'individualizar y judicializar' a los implicados. 'Sí hay unos directivos de Chiquita Brands, pero no podremos nosotros pedirlos en extradición, sino que tenemos que tener una información que es la contentiva en ese acuerdo que celebró con la Corte norteamericana y que incluye un pacto de confidencialidad', afirmó Iguarán (13).

Esta última afirmación sorprende aún más cuando se tome en cuenta que desde principios de enero de 2008 reposa en la Fiscalía General el Radicado No. 63.625 en el cual detalla exactamente las identidades de los directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita implicados en este caso como los responsables por los pagos o la provisión de armas a organizaciones paramilitares, y como los presuntos determinadores y patrocinadores de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidas por estas mismas (14).

Como se ve, no hay solamente 'ocho personas presuntamente involucradas con los pagos de Chiquita' que se deberían investigar. Por sus cargos de dirección, auditoría, finanzas o operaciones, se deberían investigar y solicitar la extradición de por los menos 14 directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita Brands International, a saber CYRUS FREIDHEIM JR., RODERICK M. HILLS, ROBERT OLSON, MORTEN ARNTZEN, JEFFREY D. BENJAMIN, STEVEN STANBROOK, DURK I. JAGER, JAIME SERRA, ROBERT F. KISTINGER, JAMES B. RILEY, ROBERT W. FISHER, CARL H. LINDNER, KEITH LINDER, y STEVEN WARSHAW (15).

Con base en lo anteriormente expuesto, exigimos al Fiscal General Mario Igaurán adelantar los trámites procesales correspondientes, tendientes a la prosecución, captura y extradición de los mencionados empresarios de la Chiquita Brands International por los crímenes cometidos en el territorio colombiano debido a su participación en la financiación de la estructura paramilitar y el ingreso de armas.

Es claro que la Fiscalía General de la Nación no tiene por qué esperar que Estados Unidos responda a la solicitud para avanzar en la investigación de los máximos responsables de los crímenes cometidos. La Fiscalía General de la Nación debe tomar medidas oportunas y eficaces que reflejen su voluntad de lucha contra la impunidad; éstas deben ser apoyadas por los respectivos funcionarios administrativos y judiciales de ambos países.

A continuación, cada uno de los implicados de Chiquita Brands:

Cyrus Freidheim Jr., presidente de la junta directiva, principal oficial ejecutivo, y presidente del comité ejecutivo desde el 19 de marzo de 2002 (16) hasta el 25 de mayo de 2004 (17).

Roderick M. Hills, director y presidente del comité de auditoría desde el 19 de marzo de 2002 (18) hasta junio de 2007 (19), asesor legal del entonces Presidente Ford en 1975, y presidente de la junta del Securities and Exchange Commission entre 1975 hasta 1977 (20) Según el periódico Los Angeles Times, el 22 de diciembre de 2003 declaró ante la junta directiva,'al parecer estamos cometiendo un delito' (21)

Robert Olson, vicepresidente, asesor legal, y secretario desde 1995 hasta el 31 de agosto de 2006 (22). Según el Washington Post, el 3 de abril de 2003, Robert Olson relató a otros de la junta directiva que él y Hills pensaron que la empresa tenía una defensa fuerte y simplemente deberían dejar que el Departamento de Justicia 'nos demandara, que nos persiga' (23).

Morten Arntzen, director y miembro del comité de auditoría desde el 19 de marzo de 2002 (24) hasta la fecha (25). Según el Wall Street Journal, el noruego-estadounidense Morten Arntzen conoció de los pagos en abril de 2002, un mes después de entrar en la junta. 'Cuando entré en la junta, sabía que la empresa efectuaba pagos a grupos paramilitares en Colombia', declaró Morten Arntzen (26).

Jeffrey D. Benjamin, director y miembro del comité ejecutivo y de auditoría (27) desde el 19 de marzo de 2002 (28) hasta el 6 de febrero de 2007 (29).

Steven Stanbrook, director y miembro del comité ejecutivo (30) desde el 21 de diciembre de 2002 (31) hasta la fecha (32). Stanbrook también fue miembro del comité de auditoría entre 2002 y 2004 (33).

Durk I. Jager, director (34) desde diciembre de 2002 (35) hasta la fecha (36), y miembro del comité de auditoría desde 2005 hasta la fecha (37). Jager, de nacionalidad holandesa, trabajó con Proctor & Gamble desde 1970 (38) hasta 2000, cuando renunció de la junta directiva (39).

Jaime Serra, director desde febrero de 2003 (40) hasta la fecha (41). Serra, de nacionalidad mexicana, fue subsecretario de Hacienda, secretario de Comercio y secretario de Finanzas de su país (42).

Robert F. Kistinger, ha desempeñado cargos como presidente, principal oficial de operaciones, director, miembro del comité ejecutivo y de auditoría, entre otras, desde 1999. Lleva más de veinte años en Chiquita (43).

James B. Riley, vicepresidente y principal oficial financiero entre 2001 (44) y septiembre de 2004 (45).

Robert W. Fisher, director y principal oficial de operaciones desde el 19 de marzo de 2002 (46) hasta la fecha (47). Desde 1991 hasta 1993 y desde 1996 a 1998, Fisher se desempeñaba como principal oficial de operaciones para las operaciones bananeras del Grupo Noboa. Previo a vincularse al Grupo Noboa, Fisher pasó 25 años en Dole Food Company, incluyendo sus últimos cuatro años como presidente (48).

Carl H. Lindner, presidente de la junta directiva desde 1984 hasta marzo de 2002 y principal oficial ejecutivo desde 1984 hasta agosto de 2001 (49). Según la revista Mother Jones, entre 2000 y 2004, fue el mayor donante privado a partidos políticos en Estados Unidos (50).
Keith Linder, hijo de Carl H. Lindner, vicepresidente de la junta directiva y miembro del comité ejecutivo entre 1996 y 2000 (51).
Steven Warshaw, comité ejecutivo, presidente, principal oficial de operaciones y principal oficial financiero entre 1996 y 2000 (52).